En 2020, España deberá producir el 20% de su energía con el Sol, el viento, el agua o la materia orgánica y tendrá que haber cortado sus emisiones de dióxido de carbono al menos un 10% respecto a 2005, según el plan presentado hoy por la Comisión Europea.
Esto supondrá doblar el nivel de energía renovable, que ahora apenas supera el 8%, y pasar del aumento controlado de CO2 a una clara reducción. Según el Protocolo de Kioto, la UE debe rebajar sus gases de efecto invernadero un 8% antes de 2012 en relación a 1990, pero España, por su retraso industrial, puede aumentarlos un 15% -en la actualidad, sin embargo, es el país que más incumple Kioto y ha incremento su producción de dióxido de carbono hasta un 45%.
La receta de la Comisión para la lucha contra el cambio climático es ahora '20-20-20 para 2020': no es una cábala, sino el plan para que los Veintisiete consigan en la próxima década ser más limpios, con un 20% de su energía de fuentes renovables, más eficaces, con un quinto de menos de consumo, y menos contaminantes, con una bajada del 20% las emisiones de dióxido de carbono.
En marzo de 2007, los líderes de la UE, presididos por la canciller Angela Merkel, se comprometieron a objetivos vinculantes para la lucha contra el cambio climático, pero su desarrollo concreto por sectores y países ha suscitado la resistencia de los Estados miembros, que quieren que les toque menos en el reparto de medidas con un coste inmediato anual de entre 50.000 y 120.000 millones de euros, es decir hasta el 1% del PIB europeo, y de los grupos ecologistas, que se quejan de la escasa ambición en Bruselas.
"Éste no es un plan por el medioambiente y contra la economía", aseguró ayer José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión, en una comparencia en la Eurocámara, tras una larga e intensa discusión entre sus comisarios. "Deberíamos hablar más de ganancias que de costes. Estas propuestas van a crear puestos de trabajo y no destruirlos; van a dar a nuestras compañías la ventaja de los primeros en llegar", dijo en rueda de prensa.
El portugués, que estima el coste del plan en tres euros semanales o lo que cuesta llenar el depósito tres veces al año, recordó que "la inacción" pasaría una factura de entre el 5% y 20% del PIB, de acuerdo al informe del economista Nicholas Stern para el Gobierno británico.
Según la batería de propuestas, conocidas entre los funcionarios comunitarios como 'el paquete', las industrias más contaminantes, como las eléctricas, las papeleras o las cementeras, estarán obligadas a reducir en toda la UE sus emisiones un 21% respecto a 2005, aunque la Comisión no se ha puesto de acuerdo sobre si tendrán que pagar más por sus permisos de contaminación a partir de 2013 (ahora sólo lo hacen si emiten más del tope asignado en un sistema que, según la propia Comisión, no está funcionando bien); el resto de sectores sectores, como el transporte, la agricultura, la construcción o la gestión de basuras, estarán sometidos al máximo paneuropeo del 10%, dividido por países según su riqueza y sus posibilidades.
Tras las presiones de la industria alemana, bien protegida por su comisario, Günter Verheugen, Barroso reconoció que existe un "riesgo" de que algunas empresas europeas muevan sus divisiones a China u otros países con estándares medioambientales bajos. Por ello, la obligación para algunas industrias de comprar permisos dentro del mercado de emisiones se decidirá en 2010, en función de si existe o no un nuevo acuerdo global para la reducción de emisiones que también obligue a los países en vías de desarrollo.
Además, también se reparte la meta general de lograr que el 20% de la energía renovable. Los países más ricos y que más han desarrollado la tecnología hasta ahora se convertirán en los más limpios, como Suecia, cuya mitad de la energía tendrá que ser renovable –ya roza el 40%-, Dinamarca o Finlandia. Entre los ricos, destaca por su punto de partida tan deficiente, Reino Unido, que deberá llegar sólo al 15% de renovables, porque ahora menos del 2% de su energía deriva de estas fuentes limpias.
Los países del Este son los que, dado su retraso, tendrán las metas más modestas tanto en renovables como en emisiones totales, aunque a ninguno se le permitirá aumentar sus gases más de un 20% -el caso de los más pobres, Rumanía y Bulgaria. Según el nuevo sistema de comercio de renovables, además, los países que no lleguen a su objetivo, podrán comprar certificados limpios en otros de la UE.
"Si a Luxemburgo, el ejemplo clásico por su tamaño, le sale muy caro instalar un parque eólico, puede gastarse menos financiando la energía renovable en Rumanía", explica un experto comunitario, responsable del 'paquete'. Este sistema, que criticaba España, porque quiere seguir manteniendo su modelo de subvención de las renovables y que la distribución quede en manos del Estado y no las industrias, será optativo.
Además, la Comisión añade conserva dos propuestas criticadas, una directiva para permitir que se filtre el carbón de las emisiones y se entierre bajo el suelo y el fondo marino y el 10% obligatorio de biocombustibles para el transporte, pese a la polémica sobre su eficacia y el impacto en el medioambiente.
La Cámara de los Comunes británica critica en un informe la elección "prematura" vistos "los riesgos medioambientales importantes asociados con las tecnologías actuales". Aunque, la semana pasada, se filtró un informe interno de expertos de la Comisión donde se alertaba de los mismos peligros, el comisario de Energía, Andris Piebalgs, sigue defendiendo la opción, "la única alternativa al petróleo", que produce más CO2 en su extracción y transporte, daña las economías europeas por su precio en ascenso y, según Barroso, está en manos "de países que no son nuestros amigos".
Greenpeace se queja de que cuando los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete acordaron, hace casi un año, el objetivo de biocombustibles lo ligaron a que fueran "sostenibles". "Crecen las evidencias de que esta condición no se puede cumplir", escribe el grupo, en un análisis de las propuestas de la Comisión, que exige emplear tipos de biocombustibles que supongan un ahorro "sustancial" de emisiones respecto al petróleo, es decir al menos un 35%. Los ecologistas y el Parlamento Europeo recomiendan, al menos, un 60% para que merezca la pena su uso.
Además, Greenpeace y otras ONG aseguran que el "20-20-20" es igual de pegadizo que arbitrario, porque los líderes de la UE se comprometieron a rebajar al menos un 30% las emisiones de efecto invernadero si había un acuerdo global para 2012, cuando caduca el Protocolo de Kioto. Las metas de la UE ahora quedan lejos de los recortes barajados en la conferencia mundial sobre el cambio climático en Bali, en diciembre, entre el 25 y 40%.
El director del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas, el programa receptor del Premio Nobel con Al Gore, considera que el plan europeo aún se ha quedado corto. "Lo que parecería aceptable ahora podría no serlo dentro de cuatro años", aseguró Rajendra Pachuri en el World Economic Forum de Davos.
En cualquier caso, el plan aún admite debates y cambios, ya que los gobiernos de los Veintisiete y la Eurocámara deben aprobarlo, posiblemente entre este año y el siguiente, en una negociación que los veteranos bruselenses prevén muy larga y de resultado incierto.
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