La Comisión Europea ha interpuesto un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia por estimar que la obra de la autovía que ampliará la M-501 -la llamada carretera de los pantanos madrileña- viola las leyes europeas de protección del medio ambiente, según confirmaron ayer fuentes comunitarias. "Esperamos que España haga lo necesario para evitar una condena", indicó la portavoz europea.
La portavoz de Medio Ambiente, Barbara Halfferich, detalló que la demanda fue interpuesta el pasado 18 de julio. "Esperamos que España adopte las medidas necesarias para compensar el daño ya causado", indicó ayer a este diario.
El proyecto para convertir en autovía la llamada carretera de los pantanos incumple, a juicio del Ejecutivo comunitario, dos directivas europeas: la conocida como Hábitats y la de evaluación de impacto ambiental. La infraestructura atraviesa un área incluida en la red Natura 2000, que da especiales garantías de protección ambiental, ya que, según Bruselas, es "extremadamente rica en biodiversidad y alberga especies endémicas". Cuando una obra atraviesa una zona de estas características debe presentarse una evaluación de impacto ambiental, y, si la Comisión Europea da el visto bueno, la construcción debe ir acompañada de medidas para subsanar el daño ambiental causado.
De la ampliación de la carretera madrileña que une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias, a la Comisión Europea le preocupa el impacto que pueda causar en los encinares del río Alberche y río Cofio, y en las cuencas de los ríos Alberche y Cofio y del río Guadarrama, clasificados como lugares de interés comunitario.
Bruselas sostiene que en el caso de la M-501 no se ha cumplido ninguno de los dos requisitos. Por un lado, acusa a España de dividir la evaluación de impacto en cinco estudios sin presentar una evaluación total que tenga en cuenta el daño global al medio ambiente. Por otro lado, Bruselas dice que las medidas compensatorias presentadas son insuficientes en relación con el interés ecológico de la zona y que afectan tan sólo a un tramo de la carretera.
Los servicios legales de la Comisión Europea trabajan en la preparación de los documentos que deben remitir al tribunal de Luxemburgo, sin que exista un plazo de entrega -a veces se tarda más de un año en completar la documentación-. Después, la sentencia, que suele demorarse unos dos años.
De resultar condenatoria, la sentencia pediría que se adopten medidas compensatorias como la designación de otras zonas de protección. Si España siguiera sin cumplir, la Comisión podría presentar un recurso y pedir la aplicación de una multa que podría alcanzar decenas de millones de euros. En el Tribunal europeo de Justicia de Luxemburgo recuerdan la multa que impuesta a Francia en 2005 por pescar peces menores de lo permitido, y que llegó a 78 millones de euros.
El eurodiputado socialista Carlos Carnero, que ha defendido en reiteradas ocasiones la ilegalidad de la carretera madrileña en Bruselas, destacó ayer "la rapidez y contundencia con la que ha actuado la Comisión" y consideró que lo que tiene que hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Esperanza Aguirre es "parar las obras inmediatamente".
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