La ONG ecologista Greenpeace informó al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que confirma la caducidad de la concesión que autorizaba a la empresa de fertilizantes Fertiberia para verter fosfoyesos en las marismas del río Tinto, por lo que, a su juicio, "confirma la ilegalidad de la empresa".
Greenpeace recordó que el pasado mes de junio remitió una petición a Bruselas para que investigase "la violación de cuatro directivas por parte Fertiberia en relación al vertido de fosfoyesos", con lo que pidió el "cese inmediato de los vertidos, que el área se declare instalación radiactiva, la realización de un estudio epidemiológico independiente para conocer el impacto de este desastre ecológico en la salud de los onubenses y que las empresas que han provocado esta situación paguen los gastos de descontaminación de la zona".
Según indicó la organización ecologista, "Fertiberia se encuentra actualmente en una difícil situación debido a las malas prácticas que viene desarrollando desde hace décadas en Huelva, lo que ha provocado un desastre sanitario y medioambiental en la zona y ha hecho que tenga abiertas distintas causas en los tribunales".
Además, recalcó que también "está pendiente que la Junta de Andalucía le conceda la Autorización Ambiental Integrada, a la que Greenpeace y colectivos onubenses como la asociación Mesa de la Ría han presentado múltiples alegaciones".
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